Guillermo Dalence corrupción 2.160.000 de dólares

El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence fue detenido ayer preventivamente e imputado por la supuesta compra con sobreprecio de 18 predios.

Los cargos contra Dalence

Los delitos que pesan en contra de Dalence son, según el fiscal Flores, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Estas acusaciones implicaron el pago en esta gestión de 2.160.000 de dólares por 18 terrenos aledaños al Mutún. Pero, según la ex Superintendencia Agraria, esos predios sólo cuestan 46.311 dólares, de acuerdo con la versión proporcionada ayer por el fiscal Flores.

Dalence declaró la mañana de este martes a los medios que el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, “ha manifestado su acuerdo con todas las gestiones que he realizado varias veces”.

Recordó que el Gobierno promulgó el 18 de abril de 2009 el Decreto Supremo 085, que autorizó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el desembolso de poco más de 15,27 millones de bolivianos para adquirir 2.537.247 hectáreas de tierra.

El 26 de abril, en un acto público en Puerto Suárez, el presidente Evo Morales entregó a Jindal 5.537 hectáreas de tierra saneada para que inicie la explotación del yacimiento.

Sin embargo, el 21 de julio, el gerente de la firma india en Bolivia, Jaime Santa Cruz, denunció que la compañía no recibió la totalidad de las tierras para comenzar las operaciones.

Al día siguiente, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, ratificó que la empresa Jindal sólo recibió 5.400 hectáreas de las 6.000 que le iba a entregar el Estado boliviano. Añadió que 600 hectáreas aún estaban en conflicto. Dalence comentó en septiembre de este año que el conflicto de tierras se produjo luego de la modificación, en julio de 2008, del área de concesión, ya que los predios estaban en la parte norte.

Pero aseguró que ya no hay conflicto porque el Ejecutivo expropió 243 hectáreas de las 806 que el INRA determinó que son propiedad de la empresa Ongole, que dice poseer más terrenos, tema que está en manos del Tribunal Agrario.

Pese a las explicaciones de Dalence, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, exigió desde julio de 2009 la renuncia del presidente de la ESM.

Con ese objetivo se movilizaron ese mes con protestas que incluyeron un paro de actividades provinciales por 24 horas y el cierre de las vías de comunicación terrestres a Brasil y Argentina por varios días.

Debido a esa presión regional, Dalence renunció al cargo a principios de agosto, mientras que el presidente Morales optó por destituirlo el día 21 del mismo mes.

A pesar de ello, no pudo dejar la Presidencia de la ESM, porque, de acuerdo con las normas vigentes, el Jefe de Estado debe nombrar primero un nuevo responsable de esa siderúrgica de entre los miembros de su directorio ejecutivo.

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El día más negro de Santos

Los primeros aspiraban a cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450.000 dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez…

El trágico suceso se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. A eso de las 10.20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y la calle Monje; los familiares de la esposa del entonces Presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio poco soleado. ¿Qué hacían por esos andurriales los linajudos O"Connor D"Arlach Taborga?

Ni bien los dos vehículos estacionaron, los propósitos de los actores de los sucesos de aquel día se encaminaron a un desenlace común: los primeros, que habían llegado en las dos vagonetas, aspiraban a cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450.000 dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez; los segundos, que habían planificado todo hasta el mínimo detalle, estaban en ese sector de la ciudad para realizar un incruento “volteo”.

Navia y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y, casi simultáneamente, también bajaron de la Cherokee Jorge O"Connor D"Arlach, con un maletín con 300.000 dólares y una laptop, y Mario Cossío Mac Galem, con otro portafolio que contenía nada menos que 150.000 dólares; antes de que ingresaran en el domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino Rodríguez y Franz Rodríguez, que los habían seguido desde el banco Unión en una moto, y por Ariel Montaño y Yerko Soto, que salieron como exhalaciones de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del fatídico lugar; según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O"Connor soltara el maletín, pero este empresario, que moriría unos minutos después, se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él (O"Connor) se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje, se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó para alejarse rápidamente de la escena del crimen, siempre corriendo, como si hubiera visto al diablo. Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino abordó el Toyota Caldina y Franz la moto Honda, que después abandonaría en una calle desolada de Villa Fátima. Se reunieron, como habían acordado previamente, en la casa de Ernesto Córdova, donde funciona El Caballito, para la repartija del botín.

La noticia sobre el aparente atraco con homicidio corrió como reguero de pólvora y horas después se vinculó el homicidio de Jorge O"Connor D"Arlach con una presunta coima para Santos Ramírez. Y ahora, luego de que Aramayo y Cossío, dos de los actores principales de los sucesos de aquel día, se sometieran a procesos abreviados y recibieran sentencias de tres años de privación de libertad, la situación para Santos Ramírez es más complicada. Las resoluciones jurisdiccionales contra ambos respaldan la hipótesis de que la coima era para Santos, el protagonista del caso de corrupción más conocido del Gobierno.
Marco Zelaya

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Pagos indebidos por Bs1.6 millones

Ejecutivos de esta entidad pagaron beneficios sociales Bs 1,6 millones a trabajadores y jefes, pese a que no les corresponde por ser funcionarios públicos.

En el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) se produjo un daño económico de Bs 1.614.016 por el pago de beneficios sociales a una veintena de autoridades y funcionarios de esa repartición, cuando no les correspondía porque están reconocidos dentro del Estatuto de Funcionario Público, según concluyó una Auditoría Interna del Ministerio de Salud.

Los jefes y funcionarios observados están acusados de “disposición arbitraria de bienes del Estado”, según los auditores. Los involucrados son José Pedro Ribera Chávez, director Ejecutivo interino; Nicanor Alberto Jové Aparicio y Romel Yuri Rivero Herbas, ambos directores Generales Ejecutivos (éste último en funciones); Enrique Sánchez Saravia, Enrique García Ágreda Trigo, Marcela María Pantoja Serrano y Adela Camacho Valdez, todos ellos jefes de la Unidad de Asuntos Administrativos. Se suman Édgar Antonio Campos Gorriti, Juan Carlos Capra Guerrero, José Humberto Rodríguez Veizaga y Julio Luis Cabrera Monrroy, que trabajaron como jefes del Departamento de Asuntos Jurídicos; y Cecilia Karim Lea Plaza Heredia, de Gestión Jurídica.

Según la auditoría, el que autorizó estos pagos fue Romel Yuri Rivero Herbas, director General Ejecutivo del Inases, quien se apoya en el Decreto Supremo 23715 de enero de 1994, que crea el Inases, según ANF. Él señala que sus trabajadores están amparados en la legislación general del trabajo, la que no fue modificada por la Ley del Estatuto del Funcionario Público.

El informe cita otros ejemplos anteriores como el de Primo Ramos Castro, encargado de Control de Aportes, que se retiró el 2008 y cobró Bs 24.000; Nelson Zúñiga Cortez, encargado de Cotizaciones, que el mismo año cobró Bs 15.483,33 por beneficios sociales.

La unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud determinó responsabilidad civil y solidaria para quienes ordenaron el pago de beneficios sociales.

El equipo de auditores del Ministerio de Salud envió los resultados al titular de la cartera, Ramiro Tapia, el 21 de julio. La autoridad aún no se pronunció al respecto, señala la nota de ANF. El informe indica que dichos pagos se han incrementado frente a la alta rotación de personal.

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YPFB pide anotación de bienes - Caso Catler

La abogada de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pedirá al Ministerio Público la anotación preventiva de los bienes de los presuntos implicados en el contrato irregular suscrito entre autoridades de la estatal petrolera con ejecutivos de la empresa Catler-Uniservice para construir una planta separadora de líquidos en el sudeste de Bolivia por $us 86 millones

La comisión de fiscales que investiga el caso ´encontró que los principales implicados se repartieron en estos actos ilícitos $us 3,3 millones´. Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estableció que existen varios cobros de dineros de la cuenta que habilitó el destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Velarde, en el Banco Unión.

Algunos apuntes

Informe • La abogada de YPFB, Mónica Ramírez, insistió en que el informe de la UIF es la constancia para pedir la anotación preventiva de los bienes de los implicados.

Delitos • Los implicados están siendo procesados por los delitos de asociación delictuosa, corrupción pública, robo, asesinato y daño económico al Estado boliviano

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