Disposición arbitraria de 1.4 millones de dólares

El Gobierno de Evo Morales acusó ayer al Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de haber causado daños al Estado por más de 1,4 millones de dólares por el referéndum sobre el estatuto de autonomía del 4 de mayo de 2008, celebrado sin autorización del Congreso ni de la Corte Nacional Electoral.
La Ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ayer ante la Fiscalía de La Paz a Costas, uno de los principales opositores al Gobierno de Morales, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.


Para Suxo, el Prefecto cruceño presumiblemente provocó un daño económico de más de 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares) con la convocatoria al referendo autonómico, que fue desconocido por el Ejecutivo boliviano.

"El señor Rubén Costas pese a la resolución de la Corte Nacional Electoral (CNE) y resoluciones emitidas dentro de la propia Corte Departamental (Departamental) Electoral de Santa Cruz (CDE) llevó adelante un referéndum autonómico de manera inconstitucional, por los tanto cometió un daño económico al Estado", remarcó Suxo.

En aquella consulta, el texto de autogobierno fue aprobado con más del 80 por ciento de los votos, según la Corte Departamental de Santa Cruz.

La Fiscalía boliviana también abrió un proceso contra las principales autoridades de ese Departamento por haber celebrado en contra del criterio de las autoridades nacionales la consulta sobre el estatuto autonómico que, según esta instancia judicial, supuso un gasto de más de diez millones de bolivianos.

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33 obras con indicios de irregularidades

Entre los casos observados están el Programa Barrios de Verdad, los Puentes Trillizos, el Parque Urbano Central (PUC), el Mercado “La Bolita”, la Vía Balcón, Cancha Zapata, las avenidas René Zavaleta, Buenos Aires, Del Poeta, Mario Mercado, Camacho, Costanerita, Óscar Alfaro, los embovedados de los ríos Papani y Sinosain; Retamani; el Parque Distrital Cotahuma.
También los Contratos de Emergencia; Mantenimiento del Puente de Las Américas, obras abandonadas, Edificio Emaverde, Seguridad Industrial, Secretario Ejecutivo, Administración Emavías y Emaverde, Obstaculización a Fiscalización, Río Irpavi, Relleno de Aplacamos, Demolición Inmueble del Ejército de Salvación; Incumplimiento Sistemático de Envío de Contratos al Concejo, caso Concejo Mayor e Incumplimiento de Deberes.

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Juicio a Paredes

El aún diputado y reelecto asambleísta Javier Zabaleta (MSM), anunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional, apenas se instale en enero del 2010, deberá tratar con prioridad el juicio de responsabilidades en contra del ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes.
El parlamentario manifestó que la fiscalía ya presentó la solicitud de un juicio de responsabilidades en contra de Paredes ante la Corte Suprema de Justicia, y que esta se encuentra a la espera de la respuesta del Congreso Nacional, si es viable o no.

"Por nuestras propias investigaciones nos enteramos que la familia Paredes se encuentra vendiendo y trasfiriendo sus bienes inmuebles, pero ya existe la investigación y el debe explicar todos los millones de dinero que se encuentran en sus cuentas personales", manifestó.

El parlamentario indicó que por el tiempo que le resta de trabajo al Congreso, no podrá ser tratado el caso Paredes, pero deberá ser retomado por los nuevos asambleístas y luego el juez competente será quien se encargue del caso y determinen si se dicta un arraigo para evitar cualquier plan de fuga.

Zabaleta aclaró que por el momento o durante lo que resta de este año el revocado prefecto de La Paz, no intentará fugarse del país, puesto que aun no existe un proceso penal. Pero en el caso que no justifique los millones de dólares que existen en sus cuentas en España, podría ser procesado penalmente.

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Buscan tapar caso YPFB-Catler

El fiscal Edward Mollinedo denunció que existen intereses políticos para tapar la supuesta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que el Ministerio Público investiga desde hace diez meses. El Gobierno, mediante un comunicado oficial, negó haber expedido una orden o instructivo para hacer un seguimiento a los fiscales del caso.


Mollinedo forma parte de la comisión de fiscales que investiga a Santos Ramírez y a otros 11 acusados por el desvío de 16,5 millones de dólares destinados a la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz. Ayer afirmó a La Prensa que “alguna gente” pretende desacreditar el trabajo que desarrollaron en los últimos meses para recuperar el dinero. “No sabemos quiénes tienen intereses ocultos en este caso, pero son políticos. Este caso tiene que ver con el Estado, que ha perdido varios millones de dólares ($us 16,5 millones)”.

El Fiscal es investigado por el atentado con dinamita del 9 de diciembre al domicilio de Jiovana Navia, acusada de corrupción en YPFB. Mollinedo explicó que el Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) y los fiscales asignados, entre ellos Carlos Fiorilo, siguen a los miembros de la comisión, quienes también recibieron amenazas telefónicas de muerte.

La autoridad manifestó que Jiovana Navia “ha perdido sus capacidades mentales” al sindicarlo por el atentado y por el cobro de una supuesta coima de 40.000 dólares.

El representante del Ministerio Público dijo que aún no conocen el contenido del cuaderno de investigaciones, que se mantiene en reserva.

“Hay intereses ocultos en este caso para menoscabar no sólo al Fiscal (Mollinedo), sino a la comisión que ha investigado un caso tan delicado vinculado al uso de los recursos del Estado boliviano”.

Sin embargo, el Ministerio de Gobierno “rechaza enfáticamente” las acusaciones sobre el seguimiento a los fiscales del proceso que involucra al ex presidente de YPFB Santos Ramírez.

En un comunicado, aclaró que ese Ministerio “no es parte demandante ni querellante de este caso de corrupción y, al igual que el Gobierno, no tiene otro interés que la sanción ejemplarizadora contra los responsables”.

El Ministerio de Gobierno indicó que la única actividad indirecta en este caso fue otorgar protección a Jiovana Navia, esposa de Santos Ramírez, a pedido expreso. Lo hizo tras un atentado a su domicilio después de que ella acusara a Mollinedo y a otros de persecución y de acciones sospechosas en la investigación sobre Catler.

“El CEIP depende de la Dirección Nacional de Inteligencia. El Ministerio de Gobierno solicitó información para establecer si es evidente la denuncia realizada por el fiscal Mollinedo, reportándose que no existe ningún tipo de instrucción, acción ni investigación”.

El Gobierno negó la persecución a fiscales del caso YPFB-Catler.

Para destacar

Jiovana Navia denunció que los fiscales Mollinedo y César Romano conocían el paradero de $us 13,3 millones.

Una explosión el miércoles 9 de diciembre fue atribuida por Navia Doria Medina al fiscal Mollinedo.

La comisión de fiscales que investiga la supuesta corrupción no ha logrado recuperar el monto estafado.

La investigación del atentado a Jiovana Navia ha enfrentado a los fiscales del Ministerio Público.

El fiscal de Distrito Fernando Ganam dijo que seguirá la investigación para garantizar su transparencia.

Mollinedo denunció otra vez que es amedrentado y dijo que llevó a su familia a otra zona de la ciudad de La Paz.

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