lunes, 31 de agosto de 2009

Fiscalía imputa al Alcalde de Apolo por Bs4 millones

El Ministerio Público halló indicios de responsabilidad por una serie de irregularidades, como gastos inexplicables y sin descargo. Por mas de 4 Millones de bolivianos
La Fiscalía emitió la imputación formal en contra del alcalde de Apolo, Alejandro Huanca, y cuatro miembros del Concejo por hallar indicios de responsabilidad en la malversación de unos cuatro millones de bolivianos.

En vista de los presuntos actos de corrupción denunciados, los pobladores del municipio cerraron la Alcaldía desde el 11 de abril en demanda de la renuncia de esas autoridades.

Apolo se encuentra a 12 horas de viaje de la sede del Gobierno, en el norte paceño, se caracteriza por su producción de café, cítricos, goma, incienso, plátano, arroz y maní. Cuenta con 14.000 habitantes.

El Ministerio Público imputó a Huanca y los concejales los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, uso indebido de influencias y encubrimiento.

Alejandro Huanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue posesionado de la Alcaldía de Apolo el 19 de enero de 2005, cargo que aún ejerce pese a que no tiene pisada a las oficinas desde el 11 de abril.

De acuerdo con la presidenta del Comité de Vigilancia de ese municipio, Yamile Durán, “cansados los pobladores de tantas irregularidades y de la ausencia de obras” se reunieron en cabildo abierto el 11 de abril, en Apolo, y determinaron pedir el alejamiento de Huanca y los concejales. Para esto, decidieron cerrar las oficinas, las que a la fecha están custodiadas por los vecinos.

“Yo veo que el cierre de la Alcaldía no perjudica porque estando abierta igual no había trabajo ni, por tanto, obras”.

Huanca, en contacto con radio Panamericana, manifestó su desacuerdo con el cierre de sus oficinas y negó las acusaciones en su contra.

Aseguró que Durán desconoce las normas, por cuanto ‘’el cierre de la Alcaldía” no es su competencia, e informó que ha denunciado lo sucedido ante distintas instancias gubernamentales para que se logre revertir la medida. También espera que el Ministerio Público investigue y sancione a los cabecillas.

Según Huanca, el argumento para esa acción es una supuesta malversación de fondos. Explicó que en el POA 2009 se aprobó la compra de un parque automotor con “la debida licitación” y al parecer “esto no les gustó al Comité de Vigilancia y trataron de coartar”.

Pese a estos rechazos, Durán considera que la solución a esta pugna reside en que los concejales suplentes asuman funciones para que nombren a una nueva autoridad edil que ocupe el puesto al menos hasta las elecciones del próximo año.

Las acusaciones

La presidenta del Comité de Vigilancia indicó que Huanca, apoyado por el Concejo, aprobó el incremento de los gastos de funcionamiento de 22 a 25 por ciento y que el 6 de marzo compró equipos de excursión, entre linternas, carpas, ponchos, colchones y otros, por un valor de 14.000 bolivianos que nunca explicó para qué se necesitaban.

Así también, nunca hizo nada, y menos planteó un proceso, para recuperar casi dos millones de bolivianos que terceras personas adeudan a la Alcaldía, tampoco se sabe con qué argumentos se prestaron ese dinero.

Durán señaló que Apolo es un municipio postergado por la ausencia de obras viales y de infraestructura educacional y hospitalaria, además por la carencia de alcantarillado y energía eléctrica en algunos sectores, puesto que las autoridades de la comuna no invierten en ellas, pero sí hacen figurar en los Planes Operativos Anuales (POA) una misma obra por más de un año.

Otra irregularidad que citó Durán es la falta de distribución del desayuno escolar; sin embargo, en los estados financieros figura el gasto como realizado.

Consultado el concejal Félix Oblitas (Alianza Cívica del Norte, ACN) sobre estos extremos, los negó totalmente y señaló que “sí, hay acusaciones, pero aún no se comprobaron y pueden obedecer a intereses particulares o políticos”.

Oblitas rechazó el cierre de la Alcaldía, que ocurrió, según dijo, cuando estaban de visita en una población cercana para realizar una gestión conjunta, y adelantó que buscarán el procedimiento legal para reabrir la Alcaldía y reanudar las funciones.

En torno al desayuno escolar, dijo que la Alcaldía carece de recursos económicos para solventar su entrega a los estudiantes y que en la actualidad se está buscando financiamiento.

Durán señaló que el siguiente paso será gestionar el congelamiento de las cuentas, que en esta gestión constan de 13 millones de bolivianos.

En el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción confirmaron que la denuncia en contra de Huanca y los concejales se recibió el año pasado, desde cuando se trabajó en la investigación de los hechos para posteriormente pasar el caso al Ministerio Público.

En ese despacho se indicó que, como aún las autoridades no tienen sentencia, no han sido suspendidas de sus cargos.

La supuesta corrupción ocurrida en Apolo se suma a los diez casos similares que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción remitió al Ministerio Público, en los cuales las autoridades son acusadas de malversación, nepotismo y otros delitos.

La Alcaldía de Apolo está cerrada desde el sábado 11 de abril y custodiada por los pobladores.

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Av. Buenos Aires - Ineficiencia de Juan del Granado

DESPUES DE 3 AÑOS SIGUE EN CONSTRUCION
Nos quiere hacer que el proyecto es solo desde el puente abaroa, que de la los andes, max paredes, tumusla, huyustus, lo cierto es que sigue en construcion, y es una muestra de la ineficiencia del alcalde de La Paz.

LOS DATOS

Financiamiento • La República de China donó $us 1,2 millones y aprobó un préstamo concesional de $us 1,5 millones. En total suman $us 2,7 millones de inversión.

Longitud • La Av. Buenos Aires tiene una extensión de 4,1 kilómetros. La comuna dividió el proyecto en cinco tramos, que van desde el puente Abaroa hasta la plaza Ramiro Castillo.

DESPUES DE 3 AÑOS SIGUE EN CONSTRUCION

Nos quiere hacer que el proyecto es solo desde el puente abaroa, que de la los andes, max paredes, tumusla, huyustus, lo cierto es que sigue en construcion, y es una muestra de la ineficiencia del alcalde de La Paz.

Nadie cuenta, el daño economica ocasionado a los propietarios de esos inmuebles, de los negocios que quebraron, por el cierre de esta avenida, que se cuenta por millones de dolares

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Rubén Costas - Malversación Bs10 Millones

En base al estatuto ilegal, el Prefecto y los Consejeros Departamentales, usurpando atribuciones y competencias reservadas a otros órganos, destinaron 10.061.239 bolivianos para la organización del referéndum sobre el estatuto autonómico, mermando la inversión pública en Santa Cruz.

Se evidenció que la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, con una serie de resoluciones administrativas basadas en las disposiciones transitorias de un documento denominado "Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz", hizo un mal uso de recursos del IDH destinados a salud y educación.

"Debemos señalar que en el departamento de Santa Cruz y en algunos otros se han utilizado recursos del Estado para la realización de un referéndum que no estaba inmerso en ninguna normativa de carácter nacional. Por lo tanto, por este referéndum se ha tipificado varios delitos", dijo el Contralor.

En base al estatuto ilegal, el Prefecto y los Consejeros Departamentales, usurpando atribuciones y competencias reservadas a otros órganos, destinaron 10.061.239 bolivianos para la organización del referéndum sobre el estatuto autonómico, mermando la inversión pública en Santa Cruz.

Según la denuncia, se invirtieron recursos y se destinó personal para un objetivo ilegal, que incluso no tuvo ningún resultado por haberse ejecutado fuera del marco constitucional vigente, y que a la fecha no puede ser compatibilizado con la Nueva Constitución porque el contenido del documento se aparta de los lí­mites constitucionales establecidos en el Régimen de Autonomías Departamentales vigente.

Por otro lado, la denuncia hace énfasis en que este hecho fue consolidado con la participación de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, que, apartándose de disposiciones establecidas en el Código Electoral, no acató órdenes legí­timamente emitidas por su órgano rector, la Corte Nacional Electoral, usurpando incluso sus funciones.

"En definitiva, son gastos no autorizados en los que se ha incurrido; primero no existí­a en ninguna normativa el Referéndum Autonómico; en segundo lugar se se han transferido recursos de partidas que no correspondían a este escenario", sentenció Herbas.

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Santos Ramirez daño de 86 millones de dolares

La solicitud de cesación de detención fue presentada por sus abogados defensores, en el marco de la investigación de irregularidades que pesan en su contra por la firma de un contrato irregular por 86 millones de dólares con Catler Uniservice, para la construcción de una refinería en el sudeste del país

El presidente de la Sala Penal, Armando Pinilla y la vocal, Dora Villarroel, ratificaron la resolución del juez Primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, que determinó la detención de Ramírez el pasado mes de febrero.

"Ante la inexistencia de nuevos elementos de prueba que permitan al tribunal modificar la decisión del juez, el recurso interpuesto por el abogado, José Luis Paredes, es inviable, por tanto la Sala Penal Segunda de la respetable Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirma la resolución cuestionada en todos los términos de su redacción", precisó Pinilla.

Antes de esa decisión, el fiscal José Fernando Villarroel, alegó que "la conducta del imputado no ha cesado, por el contrario se encontraron nuevos indicios que obstaculizan la investigación o la averiguación de la verdad".

Recordó que una reciente requisa en celdas de Santos Ramírez, en el penal de San Pedro, halló material de escritorio en blanco con el membrete de YPFB y listas de funcionarios de esa empresa lo que "hace presumir que utiliza estos elementos para alterar las pruebas de cargo".

El jurista precisó que el destituido ex presidente de YPFB, está imputado por conducta antieconómica, asociación delictuosa, la firma de contratos lesivos al Estado y otros tipificados en el Código Penal.

"Ramírez firmó un contrato irregular con Catler Uniservice en 2008 para la construcción de una planta separadora de líquidos de gas natural en Río Grande, sudeste de Bolivia, por 86 millones de dólares", recordó.

La abogada de YPFB, Mónica Ramírez, considero que la decisión de la Sala Penal Segunda se adecúa a los antecedentes del proceso, sobre todo, en el entendido de que los delitos afectan al patrimonio económico del Estado.

Ramírez, también ex presidente del Senado, fue encarcelado acusado de peculado, tras el escándalo que fue descubierto luego del atraco y asesinato del principal ejecutivo de Catler Uniservice, Jorge O´Connor, en enero de este año, cuando sicarios le arrebataron 450 mil dólares que provenían de un pago a cuenta de YPFB, que el Ministerio Público sospecha que era una coima para su persona.

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Responsabilidad Penal Santos Ramirez - YPFB

El informe preliminar de auditoría da cuenta de que el proyecto mencionado careció de formalización del inicio del proceso de contratación, nunca tuvo un responsable y “hubo incoherencia” en el nombramiento y actuación de la comisión de calificación de propuestas

La auditoría observa que el entonces director nacional administrativo, Marco Antonio Vega, certificara que la empresa Catler-Uniservice hubiese entregado la documentación necesaria para la precalificación de interesados, pues “al momento de la finalización de presentación de propuestas para el proceso de contratación evaluado no existía” tal consorcio accidental.

Incluso, “a esa fecha (25 de junio de 2008), aún no existía el documento de constitución de la asociación accidental”, lo que no sucedió ni siquiera a tiempo de concluir el plazo para la presentación de propuestas, el 30 de junio del año pasado, “razón por la cual no se encontraba habilitada para participar como tal en el proceso de contratación”.

La comisión calificadora autorizó, sin embargo, que esta sociedad interviniera en la licitación, por lo que sus integrantes —Julio Anagua, Esther Carmona, Javier Ernesto Guzmán, Diego Argandoña, Daniel Álvarez y Linnet Schlink—, de acuerdo con la auditoría, incurrieron en incumplimiento de deberes, por lo que caben sobre ellos “indicios de posible responsabilidad penal”.

Los revisores sólo encontraron una fotocopia simple de un memorándum de designación de cinco personas como integrantes de la comisión de concertación. Ese documento no tiene firmas de autoridad competente ni constancias de recepción, pese a que esta comisión desarrolló sus actividades oficiales incluso desde un día antes de haber sido constituida.

En consecuencia, estas personas incurrieron en las previsiones del artículo 163 del Código Penal referido a anticipación o prolongación de funciones; 154, incumplimiento de deberes, y 224, conducta antieconómica, y “constituyen indicios de posible responsabilidad penal”.

Cuatro conclusiones del documento presentado por la Contraloría del Estado tienen texto similar. “Las acciones descritas precedentemente de Santos Ramírez Valverde, en el ejercicio de sus funciones de presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, establecidas en el curso de la auditoría y analizadas en el informe legal (…) configurarían el tipo penal previsto en el artículo 154 ‘Incumplimiento de Deberes’ del Código Penal, por lo que constituyen indicios de posible responsabilidad penal”.

Una quinta conclusión señala, además, que Santos Ramírez incurrió en el tipo penal de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, incluido en el Código respectivo.

A la par, al firmar el correspondiente contrato y sus adendas, Ramírez, Miguel O"Connor D"Arlach y Agustín Tomás Melano, ejecutivos de Catler-Uniservice, según el documento, cometieron las conductas definidas en los artículos 199 (falsedad ideológica) y 221 (contratos lesivos al Estado) del Código Penal.

La serie de irregularidades prosigue, según el reporte, cuando sólo dos integrantes del Directorio de YPFB aprobaron el reglamento de contrataciones directas: Ramírez y el abogado Leonardo Chiquie, cuando los estatutos de la empresa obligan a que “las reuniones de Directorio serán válidas cuando se realicen con la asistencia de un mínimo de seis miembros con derecho a voz y voto” y las resoluciones serán “válidas por mayoría absoluta de votos de los directores asistentes”.

El acta de esa sesión muestra que intervinieron nueve directores y sólo consta que el documento fue “aprobado por mayoría”, sin mencionar la cantidad de votos.

Además, el reglamento, aprobado de esta manera, no fue refrendado por el Ministerio de Hacienda y no existía certificación de que había los fondos requeridos para la obra en cuestión.

En consecuencia, tanto Ramírez como Chiquie incurrieron en “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes (…) por lo que constituyen indicios de posible responsabilidad penal”.

Una auditoría especial puede determinar indicios

Una auditoría especial es la acumulación y el examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública, sea ésta administrativa, civil, penal e incluso ejecutiva.

Puede permitir, asimismo, un informe que contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal correspondiente, a excepción de las firmas de auditoría externa y profesionales independientes y otros sustentatorios.

Emergente de éste se emite el informe de auditoría preliminar, que comunica por escrito hallazgos de indicios de responsabilidad, sujetos a un proceso de aclaración. En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el reporte no es sometido a proceso de aclaración alguno.

Puede también emitirse el informe de auditoría ampliatorio, que como resultado de la evaluación de la documentación de descargo presentada por los involucrados en el informe preliminar comunica que se ha establecido la existencia de nuevos indicios de responsabilidad o nuevos involucrados.

El tercer tipo es el informe de auditoría complementario, mediante el cual se da cuenta de los resultados de la evaluación de los descargos presentados por los involucrados en un determinado tema.

Un cuarto reporte de auditoría puede contener indicios de responsabilidad penal, que informa de hallazgos con indicios de responsabilidad tipificados en el Código del ramo, que pueden surgir como resultado de la auditoría especial o de la evaluación de descargos sobre los indicios presentados.

Ramírez pide más tiempo

El destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez solicitó un plazo adicional al concedido por la Contraloría General del Estado —diez días hábiles— para presentar sus descargos por los indicios de responsabilidad penal hallados en su contra.

Una auditoría especial hecha al proceso de contratación de una empresa para construir una separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, encontró que Ramírez incurrió en cuatro tipos previstos por las leyes, “que constituyen indicios de posible responsabilidad penal”.

El informe fue presentado el 10 de junio y disponía hasta el 25 de ese mes sus descargos, aunque su pedido fue atendido favorablemente.

La Contraloría exige que todos los descargos lleven la documentación respaldatoria correspondiente.

Ramírez permanece detenido en el penal de San Pedro desde el viernes 13 de febrero, al haber sido imputado por el Ministerio Público por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, asociación delictiva, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

La defensa de la ex autoridad solicitó en tres oportunidades su libertad, pero no tuvo éxito, por lo que evalúa la posibilidad de presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Resumen de los indicios revelados por el informe

CON. (*) RESPONSABLE CÉDULA TIPO DE RESPONSABILIDAD ARTÍCULO

2.1 Santos Ramírez Valverde 1432622 PT Penal 154

2.2 Santos Ramírez Valverde 1432622 PT Penal 154

Julio Anagua Chumacero 6803163 LP Penal 154

Esther Rosario Carmona Nogales 3970969 PT Penal 154

Javier Ernesto Guzmán Navarro 2139869 LP Penal 154

Diego Argandoña Aramayo 3816698 CB Penal 154

José Daniel Álvarez Gantier 1023776 CH Penal 154

María Linnet Schlink Ontiveros 2016906 LP Penal 154

2.3 Santos Ramírez Valverde 1432622 PT Penal 154

a) Marco Antonio Vega del Carpio 2522384 LP Penal 163

Elizabeth Morales Troncoso 1145875 CH Penal 163

Iván Saúl García Coca 3337786 LP Penal 163

Richard Darío Aguilera Montecinos 3426070 LP Penal 163

b) Marco Antonio Vega del Carpio 2522384 LP Penal 154 y 224

Elizabeth Morales Troncoso 1145875 CH Penal 154 y 224

Iván Saúl García Coca 3337786 LP Penal 154 y 224

Federico Juan Galán Laime 3704947 PT Penal 154 y 224

Richard Darío Aguilera Montecinos 3426070 LP Penal 154 y 224

c) Santos Ramírez Valverde 1432622 PT Penal 153 y 154

2.4 Santos Ramírez Valverde 1432622 PT Penal 199 y 221

Miguel O’Connor D’Arlach Taborga 3122845 CB Penal 199 y 221

Agustín Tomás Melano 4267863-Argentina Penal 199 y 221

2.5 Santos Ramírez Valverde 1432622 PT Penal 153

Emil Leonardo Chiquie Nacif 975065 CB Penal 153

Artículos del Código Penal en el informe

El artículo 154 del Código Penal define el incumplimiento de deberes de servidores públicos.

El artículo 163 se refiere a la prolongación o anticipación de funciones públicas.

El artículo 224 alude a la conducta antieconómica de los funcionarios públicos.

El artículo 153 dice que es un delito aprobar resoluciones contrarias a la Carta Magna y las leyes.

El artículo 221 menciona los contratos lesivos al Estado en todas las entidades públicas.

La pena máxima por estos delitos es de seis años de privación de libertad del culpable.

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Amplían imputación contra Gonzalo Aramayo en caso YPFB-Catler

La Comisión de Fiscales que investiga las denuncias de actos de corrupción pública en Yacimientos decidió ampliar la imputación en contra de Gonzalo Aramayo por los delitos de encubrimiento, robo agravado, por su presunta participación en el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O׳Connor D׳Arlach, informó el Fiscal Aldo Ortiz.

"Indicó que en la transcripción de la prueba se determinó que hubo un arrastre en la vivienda del hecho y esos elementos fueron borrados por el señor Gonzalo Aramayo con esas circunstancias nos están impidiendo continuar con las investigaciones, al tener estos indicios se amplió la imputación en contra de Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina por delito de encubrimiento en relación a los delitos de encubrimiento, asesinato y robo agravado", declaró.

Jorge O׳Connor D׳Arlach perdió la vida, el pasado mes de enero, luego de que un grupo de delincuentes le robó 450.000 dólares estadounidenses cuando ingresaba en un domicilio de la ciudad de La Paz, dinero que presuntamente era parte de una coima para el ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, actualmente detenido en el penal de San Pedro.

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Trillizos negociado de MAS 4 millones de dolares

Sobre precio, de la obra en mas 4 millones de dolares, el precio incial era de 14 millones de dólares subirá a 18 millones de dólares. Otro cálculos estima que la obra tendrá un precio final será de 19,6 millones de dólares y no sólo de 18 millones. con lo que el sobre preció seria de 5,6 millones de dólares.

La obra

El contrato de edificación de los Puentes Trillizos se firmó en julio de 2007.
El costo inicial de la obra fue de 14,3 millones de dólares, hoy es de 18 millones.
El proyecto incluye la construcción de tres estructuras viales.
El proyecto inicial incluía sólo dos carriles, ahora tiene cuatro.
La empresa a la que se adjudicó la obra es Asociación Accidental Progreso.
Su entrega está prevista para este fin de año, aunque tendrá un año de evaluación.
Uno de los puentes está sobre el río Choqueyapu; otro, sobre la Kantutani.
El tercero, tendido sobre el río Orkojahuira, ya cuenta con plataforma.
Su principal aporte será vincular la ladera Este con la Oeste

Sobre precio

debido al cambio de unidad monetaria (de dólares a UFV), el precio inicial de la obra fijado en 14 millones de dólares subirá a 18 millones de dólares.

Otro cálculos estima que la obra tendrá un precio final será de 19,6 millones de dólares y no sólo de 18 millones. con lo que el sobre preció seria de 5,6 millones de dólares.

La distracción

Dicen que están iniciando procesos administrativo contra cuatro funcionarios, la cantaleta de siempre

Posibles corruptos por no decir autores del delito

PRINCIPALES: Juan del grado (alias Juan sin miedo - jefe ) y la Asociación Accidental Progreso
COMPLICES (PALOS BLANCOS): René Chávez Justiniano, (alias director interino); Jhonny Bernal (oficial mayor técnico); Yolanda Mantilla (alias asesora legal); Gastón Pizarroso, (alias asesor legal) y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

La victimas de esta estafa y robo

Todos los que vivimos en la ciudad de la paz

QUIEN NOS DEVUELVE EL DINERO
JUANITO COMO ESTAN AHORA TUS MANOS

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Piden se confisque bienes de Dips y Siles

Los ex Consejeros de Cotel, Fernando Dips y Jaime Siles, están acusados por delitos penales como asociación delictuosa, encubrimiento, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, abuso de confianza y daño calificado

Ambos están acusados del desfalco de 6,6 millones de dólares en la compra irregular de la infraestructura obsoleta de la empresa de Televisión Satelital Cable Color (ITS) de Santa Cruz, en junio de 2008.

"ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron 7,4 millones de dólares, es decir un sobreprecio de 6,6 millones de dólares", según el interventor.

La auditora Acevedo & Asociados estableció que los ex Consejeros de Cotel pagaron 1.8 millones de dólares, por 4.785 abonados fantasmas en la compra del total de abonados de Supercanal, develó Börth.

Denunció que los abonados declarados por Supercanal y Cotel fueron de 25.000, por lo que acordaron una transferencia por 9.5 millones de dólares, cuando en realidad no eran más que 20.215 abonados.

Los ex Consejeros de Administración y Vigilancia también "se beneficiaron gratuitamente con 60.288 litros de gasolina para sus vehículos particulares, por 31.862 dólares", agregó.

Consumieron por llamadas de celulares 33.366 dólares. Cobraron pasajes y viáticos por más de medio millón de bolivianos, afirmó el interventor ante los Fiscales asignados al caso.

La denuncia pesa también contra los otros Consejeros de Administración. Están también acusados, Ramy Pardo Hernánz, Cecilia Mazi Silva, Víctor Roque Guerra, Omar Sadud Guillén y Fernando Arraya Araúz, además de Felipe Armando Jiménez, Limbert Ayarde Velasco y Daniel Aliaga Forges

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