martes, 22 de diciembre de 2009

Disposición arbitraria de 1.4 millones de dólares

El Gobierno de Evo Morales acusó ayer al Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de haber causado daños al Estado por más de 1,4 millones de dólares por el referéndum sobre el estatuto de autonomía del 4 de mayo de 2008, celebrado sin autorización del Congreso ni de la Corte Nacional Electoral.
La Ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ayer ante la Fiscalía de La Paz a Costas, uno de los principales opositores al Gobierno de Morales, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.


Para Suxo, el Prefecto cruceño presumiblemente provocó un daño económico de más de 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares) con la convocatoria al referendo autonómico, que fue desconocido por el Ejecutivo boliviano.

"El señor Rubén Costas pese a la resolución de la Corte Nacional Electoral (CNE) y resoluciones emitidas dentro de la propia Corte Departamental (Departamental) Electoral de Santa Cruz (CDE) llevó adelante un referéndum autonómico de manera inconstitucional, por los tanto cometió un daño económico al Estado", remarcó Suxo.

En aquella consulta, el texto de autogobierno fue aprobado con más del 80 por ciento de los votos, según la Corte Departamental de Santa Cruz.

La Fiscalía boliviana también abrió un proceso contra las principales autoridades de ese Departamento por haber celebrado en contra del criterio de las autoridades nacionales la consulta sobre el estatuto autonómico que, según esta instancia judicial, supuso un gasto de más de diez millones de bolivianos.

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jueves, 17 de diciembre de 2009

33 obras con indicios de irregularidades

Entre los casos observados están el Programa Barrios de Verdad, los Puentes Trillizos, el Parque Urbano Central (PUC), el Mercado “La Bolita”, la Vía Balcón, Cancha Zapata, las avenidas René Zavaleta, Buenos Aires, Del Poeta, Mario Mercado, Camacho, Costanerita, Óscar Alfaro, los embovedados de los ríos Papani y Sinosain; Retamani; el Parque Distrital Cotahuma.
También los Contratos de Emergencia; Mantenimiento del Puente de Las Américas, obras abandonadas, Edificio Emaverde, Seguridad Industrial, Secretario Ejecutivo, Administración Emavías y Emaverde, Obstaculización a Fiscalización, Río Irpavi, Relleno de Aplacamos, Demolición Inmueble del Ejército de Salvación; Incumplimiento Sistemático de Envío de Contratos al Concejo, caso Concejo Mayor e Incumplimiento de Deberes.

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Juicio a Paredes

El aún diputado y reelecto asambleísta Javier Zabaleta (MSM), anunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional, apenas se instale en enero del 2010, deberá tratar con prioridad el juicio de responsabilidades en contra del ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes.
El parlamentario manifestó que la fiscalía ya presentó la solicitud de un juicio de responsabilidades en contra de Paredes ante la Corte Suprema de Justicia, y que esta se encuentra a la espera de la respuesta del Congreso Nacional, si es viable o no.

"Por nuestras propias investigaciones nos enteramos que la familia Paredes se encuentra vendiendo y trasfiriendo sus bienes inmuebles, pero ya existe la investigación y el debe explicar todos los millones de dinero que se encuentran en sus cuentas personales", manifestó.

El parlamentario indicó que por el tiempo que le resta de trabajo al Congreso, no podrá ser tratado el caso Paredes, pero deberá ser retomado por los nuevos asambleístas y luego el juez competente será quien se encargue del caso y determinen si se dicta un arraigo para evitar cualquier plan de fuga.

Zabaleta aclaró que por el momento o durante lo que resta de este año el revocado prefecto de La Paz, no intentará fugarse del país, puesto que aun no existe un proceso penal. Pero en el caso que no justifique los millones de dólares que existen en sus cuentas en España, podría ser procesado penalmente.


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Buscan tapar caso YPFB-Catler

El fiscal Edward Mollinedo denunció que existen intereses políticos para tapar la supuesta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que el Ministerio Público investiga desde hace diez meses. El Gobierno, mediante un comunicado oficial, negó haber expedido una orden o instructivo para hacer un seguimiento a los fiscales del caso.


Mollinedo forma parte de la comisión de fiscales que investiga a Santos Ramírez y a otros 11 acusados por el desvío de 16,5 millones de dólares destinados a la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz. Ayer afirmó a La Prensa que “alguna gente” pretende desacreditar el trabajo que desarrollaron en los últimos meses para recuperar el dinero. “No sabemos quiénes tienen intereses ocultos en este caso, pero son políticos. Este caso tiene que ver con el Estado, que ha perdido varios millones de dólares ($us 16,5 millones)”.

El Fiscal es investigado por el atentado con dinamita del 9 de diciembre al domicilio de Jiovana Navia, acusada de corrupción en YPFB. Mollinedo explicó que el Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) y los fiscales asignados, entre ellos Carlos Fiorilo, siguen a los miembros de la comisión, quienes también recibieron amenazas telefónicas de muerte.

La autoridad manifestó que Jiovana Navia “ha perdido sus capacidades mentales” al sindicarlo por el atentado y por el cobro de una supuesta coima de 40.000 dólares.

El representante del Ministerio Público dijo que aún no conocen el contenido del cuaderno de investigaciones, que se mantiene en reserva.

“Hay intereses ocultos en este caso para menoscabar no sólo al Fiscal (Mollinedo), sino a la comisión que ha investigado un caso tan delicado vinculado al uso de los recursos del Estado boliviano”.

Sin embargo, el Ministerio de Gobierno “rechaza enfáticamente” las acusaciones sobre el seguimiento a los fiscales del proceso que involucra al ex presidente de YPFB Santos Ramírez.

En un comunicado, aclaró que ese Ministerio “no es parte demandante ni querellante de este caso de corrupción y, al igual que el Gobierno, no tiene otro interés que la sanción ejemplarizadora contra los responsables”.

El Ministerio de Gobierno indicó que la única actividad indirecta en este caso fue otorgar protección a Jiovana Navia, esposa de Santos Ramírez, a pedido expreso. Lo hizo tras un atentado a su domicilio después de que ella acusara a Mollinedo y a otros de persecución y de acciones sospechosas en la investigación sobre Catler.

“El CEIP depende de la Dirección Nacional de Inteligencia. El Ministerio de Gobierno solicitó información para establecer si es evidente la denuncia realizada por el fiscal Mollinedo, reportándose que no existe ningún tipo de instrucción, acción ni investigación”.

El Gobierno negó la persecución a fiscales del caso YPFB-Catler.

Para destacar

Jiovana Navia denunció que los fiscales Mollinedo y César Romano conocían el paradero de $us 13,3 millones.

Una explosión el miércoles 9 de diciembre fue atribuida por Navia Doria Medina al fiscal Mollinedo.

La comisión de fiscales que investiga la supuesta corrupción no ha logrado recuperar el monto estafado.

La investigación del atentado a Jiovana Navia ha enfrentado a los fiscales del Ministerio Público.

El fiscal de Distrito Fernando Ganam dijo que seguirá la investigación para garantizar su transparencia.

Mollinedo denunció otra vez que es amedrentado y dijo que llevó a su familia a otra zona de la ciudad de La Paz.

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martes, 6 de octubre de 2009

Arrestan a Fernando Dips

El ex ejecutivo de Cotel Fernando Dips fue aprehendido e imputado ayer por la Fiscalía por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa, estafa y conducta antieconómica, que incluye un aparente desfalco en la telefónica de aproximadamente ocho millones de dólares.

El 21 de julio presentó en la Fiscalía de La Paz una acusación contra Dips, Siles y diez ex consejeros por los delitos antes mencionados, que incluyen la compra de ITS (Televisión Satelital Cable Color), en Santa Cruz de la Sierra, en 7,4 millones de dólares, lo que representaría un sobreprecio de 6,4 millones de dólares.

En junio de 2008 ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron 7,4 millones de dólares. Esta información se desprende de los contratos que suscribieron la empresa y la cooperativa.

Una auditoría externa, determino que Cotel pago por demas 1,8 millones de dólares por 4.785 abonados fantasmas en la compra del total de abonados de Supercanal. Supercanal y Cotel declararon 25.000 abonados, por lo que acordaron una transferencia por 9,5 millones de dólares, cuando en realidad no eran más que 20.215 abonados.

Los ex consejeros de Administración y Vigilancia también “se beneficiaron gratuitamente con 60.288 litros de gasolina para sus vehículos particulares, por 31.862 dólares”. Consumieron por llamadas de celulares 33.366 dólares. Cobraron pasajes y viáticos por más de medio millón de bolivianos.

Los ex directivos implicados: Ramy Pardo Hernánz, Cecilia Mazi Silva, Víctor Roque Guerra, Omar Sadud Guillén y Fernando Arraya Araúz, y de Vigilancia, además de Siles Hoyos, Felipe Armando Jiménez, Limbert Ayarde Velasco y Daniel Aliaga Forges.

El pasado mes, el Interventor despidió a 40 empleados, entre ellos gerentes, jefes de departamento y administrativos, como consecuencia de la querella criminal y procesos administrativos iniciados contra los ex consejeros, ex gerentes y el personal involucrado en delitos en Cotel.

La auditoría estableció también que la telefónica sufrió la pérdida de 99 millones de bolivianos entre enero de 2008 y junio de 2009 por la explotación de seis de sus 11 servicios, que tienen déficit y no ganancias.

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miércoles, 30 de septiembre de 2009

Guillermo Dalence corrupción 2.160.000 de dólares

El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence fue detenido ayer preventivamente e imputado por la supuesta compra con sobreprecio de 18 predios.

Los cargos contra Dalence

Los delitos que pesan en contra de Dalence son, según el fiscal Flores, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Estas acusaciones implicaron el pago en esta gestión de 2.160.000 de dólares por 18 terrenos aledaños al Mutún. Pero, según la ex Superintendencia Agraria, esos predios sólo cuestan 46.311 dólares, de acuerdo con la versión proporcionada ayer por el fiscal Flores.

Dalence declaró la mañana de este martes a los medios que el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, “ha manifestado su acuerdo con todas las gestiones que he realizado varias veces”.

Recordó que el Gobierno promulgó el 18 de abril de 2009 el Decreto Supremo 085, que autorizó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el desembolso de poco más de 15,27 millones de bolivianos para adquirir 2.537.247 hectáreas de tierra.

El 26 de abril, en un acto público en Puerto Suárez, el presidente Evo Morales entregó a Jindal 5.537 hectáreas de tierra saneada para que inicie la explotación del yacimiento.

Sin embargo, el 21 de julio, el gerente de la firma india en Bolivia, Jaime Santa Cruz, denunció que la compañía no recibió la totalidad de las tierras para comenzar las operaciones.

Al día siguiente, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, ratificó que la empresa Jindal sólo recibió 5.400 hectáreas de las 6.000 que le iba a entregar el Estado boliviano. Añadió que 600 hectáreas aún estaban en conflicto. Dalence comentó en septiembre de este año que el conflicto de tierras se produjo luego de la modificación, en julio de 2008, del área de concesión, ya que los predios estaban en la parte norte.

Pero aseguró que ya no hay conflicto porque el Ejecutivo expropió 243 hectáreas de las 806 que el INRA determinó que son propiedad de la empresa Ongole, que dice poseer más terrenos, tema que está en manos del Tribunal Agrario.

Pese a las explicaciones de Dalence, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, exigió desde julio de 2009 la renuncia del presidente de la ESM.

Con ese objetivo se movilizaron ese mes con protestas que incluyeron un paro de actividades provinciales por 24 horas y el cierre de las vías de comunicación terrestres a Brasil y Argentina por varios días.

Debido a esa presión regional, Dalence renunció al cargo a principios de agosto, mientras que el presidente Morales optó por destituirlo el día 21 del mismo mes.

A pesar de ello, no pudo dejar la Presidencia de la ESM, porque, de acuerdo con las normas vigentes, el Jefe de Estado debe nombrar primero un nuevo responsable de esa siderúrgica de entre los miembros de su directorio ejecutivo.

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martes, 15 de septiembre de 2009

El día más negro de Santos

Los primeros aspiraban a cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450.000 dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez…

El trágico suceso se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. A eso de las 10.20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y la calle Monje; los familiares de la esposa del entonces Presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio poco soleado. ¿Qué hacían por esos andurriales los linajudos O"Connor D"Arlach Taborga?

Ni bien los dos vehículos estacionaron, los propósitos de los actores de los sucesos de aquel día se encaminaron a un desenlace común: los primeros, que habían llegado en las dos vagonetas, aspiraban a cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450.000 dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez; los segundos, que habían planificado todo hasta el mínimo detalle, estaban en ese sector de la ciudad para realizar un incruento “volteo”.

Navia y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y, casi simultáneamente, también bajaron de la Cherokee Jorge O"Connor D"Arlach, con un maletín con 300.000 dólares y una laptop, y Mario Cossío Mac Galem, con otro portafolio que contenía nada menos que 150.000 dólares; antes de que ingresaran en el domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino Rodríguez y Franz Rodríguez, que los habían seguido desde el banco Unión en una moto, y por Ariel Montaño y Yerko Soto, que salieron como exhalaciones de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del fatídico lugar; según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O"Connor soltara el maletín, pero este empresario, que moriría unos minutos después, se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él (O"Connor) se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje, se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó para alejarse rápidamente de la escena del crimen, siempre corriendo, como si hubiera visto al diablo. Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino abordó el Toyota Caldina y Franz la moto Honda, que después abandonaría en una calle desolada de Villa Fátima. Se reunieron, como habían acordado previamente, en la casa de Ernesto Córdova, donde funciona El Caballito, para la repartija del botín.

La noticia sobre el aparente atraco con homicidio corrió como reguero de pólvora y horas después se vinculó el homicidio de Jorge O"Connor D"Arlach con una presunta coima para Santos Ramírez. Y ahora, luego de que Aramayo y Cossío, dos de los actores principales de los sucesos de aquel día, se sometieran a procesos abreviados y recibieran sentencias de tres años de privación de libertad, la situación para Santos Ramírez es más complicada. Las resoluciones jurisdiccionales contra ambos respaldan la hipótesis de que la coima era para Santos, el protagonista del caso de corrupción más conocido del Gobierno.
Marco Zelaya

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