martes, 22 de diciembre de 2009

Disposición arbitraria de 1.4 millones de dólares

El Gobierno de Evo Morales acusó ayer al Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de haber causado daños al Estado por más de 1,4 millones de dólares por el referéndum sobre el estatuto de autonomía del 4 de mayo de 2008, celebrado sin autorización del Congreso ni de la Corte Nacional Electoral.
La Ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ayer ante la Fiscalía de La Paz a Costas, uno de los principales opositores al Gobierno de Morales, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.


Para Suxo, el Prefecto cruceño presumiblemente provocó un daño económico de más de 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares) con la convocatoria al referendo autonómico, que fue desconocido por el Ejecutivo boliviano.

"El señor Rubén Costas pese a la resolución de la Corte Nacional Electoral (CNE) y resoluciones emitidas dentro de la propia Corte Departamental (Departamental) Electoral de Santa Cruz (CDE) llevó adelante un referéndum autonómico de manera inconstitucional, por los tanto cometió un daño económico al Estado", remarcó Suxo.

En aquella consulta, el texto de autogobierno fue aprobado con más del 80 por ciento de los votos, según la Corte Departamental de Santa Cruz.

La Fiscalía boliviana también abrió un proceso contra las principales autoridades de ese Departamento por haber celebrado en contra del criterio de las autoridades nacionales la consulta sobre el estatuto autonómico que, según esta instancia judicial, supuso un gasto de más de diez millones de bolivianos.

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