Santos Ramirez daño de 86 millones de dolares

La solicitud de cesación de detención fue presentada por sus abogados defensores, en el marco de la investigación de irregularidades que pesan en su contra por la firma de un contrato irregular por 86 millones de dólares con Catler Uniservice, para la construcción de una refinería en el sudeste del país

El presidente de la Sala Penal, Armando Pinilla y la vocal, Dora Villarroel, ratificaron la resolución del juez Primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, que determinó la detención de Ramírez el pasado mes de febrero.

"Ante la inexistencia de nuevos elementos de prueba que permitan al tribunal modificar la decisión del juez, el recurso interpuesto por el abogado, José Luis Paredes, es inviable, por tanto la Sala Penal Segunda de la respetable Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirma la resolución cuestionada en todos los términos de su redacción", precisó Pinilla.

Antes de esa decisión, el fiscal José Fernando Villarroel, alegó que "la conducta del imputado no ha cesado, por el contrario se encontraron nuevos indicios que obstaculizan la investigación o la averiguación de la verdad".

Recordó que una reciente requisa en celdas de Santos Ramírez, en el penal de San Pedro, halló material de escritorio en blanco con el membrete de YPFB y listas de funcionarios de esa empresa lo que "hace presumir que utiliza estos elementos para alterar las pruebas de cargo".

El jurista precisó que el destituido ex presidente de YPFB, está imputado por conducta antieconómica, asociación delictuosa, la firma de contratos lesivos al Estado y otros tipificados en el Código Penal.

"Ramírez firmó un contrato irregular con Catler Uniservice en 2008 para la construcción de una planta separadora de líquidos de gas natural en Río Grande, sudeste de Bolivia, por 86 millones de dólares", recordó.

La abogada de YPFB, Mónica Ramírez, considero que la decisión de la Sala Penal Segunda se adecúa a los antecedentes del proceso, sobre todo, en el entendido de que los delitos afectan al patrimonio económico del Estado.

Ramírez, también ex presidente del Senado, fue encarcelado acusado de peculado, tras el escándalo que fue descubierto luego del atraco y asesinato del principal ejecutivo de Catler Uniservice, Jorge O´Connor, en enero de este año, cuando sicarios le arrebataron 450 mil dólares que provenían de un pago a cuenta de YPFB, que el Ministerio Público sospecha que era una coima para su persona.